La tasa Tobin fue propuesta en 1971 por el Nobel de Economía James Tobin como un impuesto sobre las transacciones en los mercados de divisas; una especie de IVA a las compra-ventas de moneda. El objetivo del impuesto era reducir el efecto de las compraventas especulativas de divisas que periódicamente generan importantes inestabilidades en el sistema monetario. La propuesta de Tobin, basada en gran medida en las ideas de Keynes, no se llegará a aplicar entre otras cosas por la dificultad técnica que representaba en aquellos momentos controlar todas las operaciones en divisas, en un momento en el que no se habían dado todavía los desarrollos informáticos que conocemos hoy en día. La historia de la tasa Tobin sin embargo no acabará ahí.
A finales de la década de los noventa surge en Francia la asociación ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana). Promovida por intelectuales como Ignacio Ramonet, entonces directo del periódico Le Monde Diplomatique, ATTAC recuperaba la propuesta de Tobin desde un punto de vista más radical: la generalizaba a todas las transacciones financieras, sin circunscribirla exclusivamente a las de divisas, y proponía que lo recaudado se invirtiese en combatir la pobreza. ATTAC exige además otras medidas orientadas a desmantelar el orden neoliberal como el control de los mercados financieros, la condonación de la deuda externa o la supresión de los paraísos fiscales. El propio Tobin se desmarca de las propuestas de ATTAC y reniega de que se use su nombre para dicha propuesta. La propuesta de ATTAC es defendida desde entonces por un número importante de organizaciones de la sociedad civil y ha sido posteriormente rebautizada como tasa Robin Hood.
Lo que se ha aprobado hoy por el Eurogrupo no es la tasa Tobin. Es un impuesto que grava únicamente las compraventas de acciones dentro de algunos países de la zona euro -Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia-. No se gravan ni las transacciones de divisas, ni las de derivados financieros, ni las de bonos soberanos; es decir se deja fuera la mayoría de las transacciones financieras; las que mueven más capitales y las que generan más inestabilidad. Lo aprobado coincide con la postura española, liderada por el ministro De Guindos, antiguo consejero de Lehman Brothers en Europa. Según el ministro una tasa sobre todas las transacciones financieras haría más difícil colocar los bonos del Estado y perjudicaría la financiación del sector público español. El argumento es dudoso, más si tenemos en cuenta que uno de los problemas más graves de la economía española en los últimos años ha sido el de los ataques especulativos contra su deuda soberana, que originaron aumentos enormes de la prima de riesgo. Una tasa sobre las transacciones financieras limitaría esta especulación.
Entonces ¿cuál es el problema?, ¿por qué no se aplica esta tasa? El problemas tiene que ver con los intereses, con los vínculos entre los que toman las decisiones y los grandes poderes económicos, con el pasado de De guindos en Lehman Brothers. Gravar todas las transacciones financieras proporcionaría una mayor estabilidad y unos importantes recursos para el sector público; pero limitaría en gran medida el negocio de la banca y de los fondos de inversión.
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